La invención de la raza y la colonialidad en la vida moderna

Siempre que oigo la palabra «raza», siento en la piel toda una construcción de procesos de mi vida, muchos de ellos bastante dolorosos, lo confieso. No hablo solo del impacto individual, aunque existe. Hablo también del uso histórico de esta idea como herramienta de poder. La raza fue determinante para justificar la colonización del territorio hoy conocido como América Latina y las secuelas de esa política siguen siendo perceptibles en nuestra sociedad y en la gestión pública.

Escena de la esclavitud en Brasil, por Jean-Baptiste Debret

Es incuestionable que la idea de raza nació como herramienta política que autorizaba a tomar tierras y explotar el trabajo, jerarquizando vidas. Este concepto se adoptó sobre todo para imponer un nuevo régimen de verdades. Primero, sirvió para ordenar quién podía mandar y quién debía obedecer. Después, para definir quién tenía derecho al saber reconocido y quién sería empujado al trabajo esclavo. Básicamente, estableció que quien era considerado plenamente humano decidía el destino del mundo. Del mismo modo, quien era clasificado como «el otro» entraba en la historia como problema, como mano de obra, como objeto de tutela, palabra clave en esta discusión.

Los académicos llaman colonialidad del poder a este patrón de clasificación que atraviesa la economía, la autoridad y la producción de conocimiento. La colonialidad es la continuación del gesto colonizador por otros medios, determinando quién tiene acceso al trabajo reconocido, al salario digno y al lugar social de quien «sabe», definiendo qué saberes se convierten en ciencia y cuáles quedan en el estante de la tradición, y a mi juicio este quizá sea el punto más incómodo. Incluso cuando cambian las banderas, permanecen las jerarquías que la raza ayudó a instalar como si ese fuera el curso natural de las cosas.

Hoy, cuando el Estado, aunque bienintencionado, transforma los derechos en procesos condicionales, la colonialidad puede estar operando camuflada por el lenguaje de la inclusión. ¿Se han preguntado por qué una política que es pública y universal sigue imponiendo el encuadramiento como condición para la atención? ¿Y será que, una vez «encuadrados» y debidamente clasificados, dejamos de ser individuos para convertirnos en etiquetas?

Es en este punto donde el pensamiento crítico de Emmanuel Brasil añade una capa decisiva para quien quiera comprender, de manera sutil y precisa, la influencia de la colonialidad en las políticas públicas. Al discutir la idea de «emancipaciones tuteladas», nos habla de cómo muchas intervenciones estatales se presentan como liberadoras y, no pocas veces, producen un alivio real y necesario. El problema surge cuando, en ciertos diseños, ese alivio llega mediado por filtros que condicionan el acceso a los derechos, establecen criterios de merecimiento y exigen desempeños específicos de adecuación a lo institucional. El resultado puede ser la producción de sujetos simultáneamente reconocidos y subordinados. La tutela, en esta lectura, aparece como una política pública que promete emancipar mientras genera dependencias.

Este desplazamiento de la mirada es poderoso porque cambia la pregunta, pues una política pública decide qué se convierte en problema, quién es el público destinatario, qué tipo de vida se vuelve legible para el Estado y bajo qué condiciones. Si miramos con atención, es posible percibir lo colonial permeando cuando quien recibe el beneficio debe demostrar todo el tiempo que es digno, cuando su acceso depende de evaluaciones de elegibilidad reiteradas y cuando su autonomía solo se reconoce si obedece al guion institucional de «buena conducta». A veces se busca dar ciudadanía, pero lo que se entrega se limita a concesiones condicionadas, aunque la intención declarada sea la de servir bien.

En otras palabras, ¿se ha dado cuenta de cómo políticas públicas como el bolsa-família, o incluso el sistema de cuotas, categorizan al beneficiario del sistema?

Un momento, esto no es un ataque a los programas. Parafraseando al profesor Emmanuel Brasil: «si estoy criticando es porque quiero que el sistema mejore».

No quería dejar que esta discusión cayera en el terreno académico, que es de donde surgió toda esta reflexión, pero traigo también la lectura de Boaventura de Sousa Santos, que nos presenta la metáfora de las líneas abismales. Líneas que separan el mundo entre lo que cuenta y lo que puede volverse invisible. De este lado, saberes y sujetos reconocidos como legítimos. Del otro lado, experiencias tratadas como inexistentes o incomprensibles. Al definir lo que, de un lado, puede ser y es un derecho, el otro lado deja de existir. El lado «correcto» pertenece a quien define lo que existe jurídicamente o no. Así se borraron pueblos, lenguas y culturas. Quedaron del lado equivocado de la línea.

Cuando acercamos a Emmanuel Brasil y a Boaventura, el engranaje se vuelve más nítido. Las emancipaciones tuteladas pueden funcionar como una forma contemporánea de línea abismal dentro de las instituciones. La política dice que incluye, pero incluye por una puerta estrecha. El sujeto entra, pero entra con la identidad administrativa de alguien a quien le falta algo, ya sean ingresos, escolaridad o incluso «conciencia». La vida concreta se traduce en insuficiencia, y el Estado se coloca como tutor del camino correcto.

Entiendo que el cuidado ciudadano en la elaboración de la política pública puede existir y, en la mayoría de los casos, realmente existe y de manera honrada. Aun así, la estructura sigue exigiendo sumisión a las reglas de un reconocimiento siempre provisional. Y no estoy predicando la anarquía, como algunos pueden pensar erróneamente, sino advirtiendo que la modernidad administrativa, cuando no hacemos las preguntas adecuadas, puede confundir gobernar con intentar encajar al otro en un molde estigmatizado y estigmatizador.

Para mirar más allá del abismo burocrático no hace falta abandonar la técnica, sino dejar de lado la arrogancia de considerarnos, como gestores, los superiores benevolentes que deciden el destino del otro. Esto exige que las políticas sean evaluadas también por sus regímenes de mediación, por las formas de escucha que institucionalizan, por los modos en que distribuyen respeto y por el tipo de sujeto que fabrican a lo largo del proceso (así es, «fabrican»).

Curiosamente, estos días oí un término nuevo para mí. La práctica médica del «bilu-bilu». Me reí a carcajadas con la expresión, pero tenía todo el sentido. Cuando uno va a un médico que se preocupa por el «bilu-bilu», que no es otra cosa que la atención a los detalles y la preocupación por las necesidades reales del paciente, ya sale curado incluso antes de tomar el remedio, si es que va a necesitarlo. Cuando se percibe al individuo más allá de formularios, indicadores y etiquetas, estamos en condiciones de prescribir el mejor camino hacia la cura. A una escala mayor, esto vale para los gestores y legisladores públicos y para las políticas formuladas que nos atienden a todos y a cada uno.

Si la idea de raza fue determinante para justificar la colonización, las colonialidades son su reproducción persistente en la vida social e institucional, incluso dentro de las buenas intenciones. Lo que está en juego ahora es decidir si vamos a seguir replicando al gestor colonizador en forma de tutela y condicionamiento, o si vamos a abrir espacio para un Estado que reconozca derechos sin exigir desempeños de sumisión, y para una esfera pública que trate nuestros saberes e individualidades como fundamento.

¿Cuál es la forma más sutil de tutela que percibe hoy en las políticas y las instituciones a su alrededor (aquella que promete autonomía, pero exige obediencia y acaba estigmatizando a las personas) y qué ajuste concreto de diseño o de práctica podría romper ese guion sin perder la capacidad de garantizar derechos?

Son preguntas que debemos tener presentes en cada acto como gestores y en cada crítica constructiva como ciudadanos.